"La tierra vale más que oro"

El pasado 7 de septiembre se llevó a cabo el Foro Nacional Tierras, Seguridad y Desarrollo convocado por la Red de Observatorios Regionales de Desarrollo y Paz, con el apoyo del equipo Iniciativas de Paz del CINEP/PPP, el Departamento de Ciencias Políticas de la Pontificia Universidad Javeriana, la Corporación Nuevo Arco Iris y la Redprodepaz.

Mauricio García Durán S.J, director del CINEP/PPP, abrió el evento con un análisis nacional del primer año del presidente Juan Manuel Santos, en el que resaltó los logros en cuanto a relaciones internacionales y el “nuevo aire” político que se respira. Asimismo, evidenció los obstáculos a los que se enfrenta el actual gobierno para garantizar la seguridad de los reclamantes de tierra y el ingreso de recursos productivos. Además, alertó sobre los problemas a los que se puede enfrentar el desarrollo integral del campo mientras la prioridad sea la locomotora minera, que no es generadora de empleo. Por último, hizo un llamado de atención a la necesidad de que el país cuente con una adecuada institucionalidad que permita efectuar con éxito medidas como la ley víctimas. 

Con este panorama general del país se dio inicio a las miradas de las regiones de Meta, Oriente Antioqueño, Montes de María y Magdalena Medio.

La Universidad de los Llanos realizó un examen del Plan de Consolidación Integral de la Macarena (PCIM) y concluyó que no responde a las necesidades actuales del territorio, porque no están claros los derechos de los colonos sobre el Parque Nacional La Macarena y, además, a pesar de que la región ha tenido una disminución de las áreas cocaleras, los grupos al margen de la ley todavía tienen poder sobre las tierras. Por eso Cristóbal Lugo, Coordinador Observatorio del Territorio recomendó crear proyectos de agro combustibles, conservar los recursos forestales y agilizar la titulación y protección de los campesinos del Meta con el fin de fortalecer la región. 

De otro lado, el Programa de Desarrollo y Paz del Oriente Antioqueño (Prodepaz) centró su atención en las víctimas del conflicto. Para Jorge Enrique Córdoba, consultor de Prodepaz Oriente Antioqueño, es necesario que el gobierno defina y fortalezca una estructura que permita la adecuada implementación, evaluación y seguimiento del Plan Nacional de Atención a Víctimas. También subrayó la importancia de que los municipios articulen sus actuales procesos de atención a víctimas con todas las instituciones del territorio local para así garantizar la atención requerida por la población vulnerable. Asimismo, Córdoba insistió en que para que este proceso sea exitoso las organizaciones de víctimas deben mantener un carácter activo y estar en constante renovación y cambio, con el fin de ayudar y acompañar de forma efectiva los procesos de atención y reparación integral a víctimas.

En el caso regional de Montes de María, Rafael Mejía, funcionario del Observatorio de Cultura Política, Paz, Convivencia y Desarrollo de Montes de María, explicó cómo la primera fase del plan de Consolidación de Montes de María (2008-2010) – llevada a cabo conjuntamente por entidades civiles, militares, policiales y del Estado como Acción Social - tuvo como finalidad el buen gobierno, la participación ciudadana y la provisión de recursos esenciales y generó el retorno de 2.536 personas, tan solo un 1,8% del total de la población expulsada. Adicionalmente, Mejía enfatizó en que para la segunda fase del plan, que actualmente se encuentra en ejecución, la apuesta es por el desarrollo económico, social y en infraestructura, para lo cual se esperan una mayor coherencia política y articulación de todas las entidades y sectores involucrados.

Por su parte, Banessa Estrada, abogada del Observatorio de Paz Integral del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, realizó un estudio de caso de los procesos que se han llevado a cabo en cuanto a la restitución de tierras en La Hacienda Las Pavas, municipio de El Peñón,  y Monterrey, municipio de Simití, para ilustrar los alcances y límites de la política emprendida por el actual gobierno.

Así, Estrada ejemplificó la situación en la que se encuentran los campesinos que se atienen a la ley de tierras con el caso de los campesinos de la Hacienda las Pavas, propiedad que fue desalojada por su entonces propietario, Jesús Emilio Escobar, en 1997 y que fue ocupada por campesinos que desarrollaron actividades agrícolas hasta 2003, cuando el Bloque Central Bolívar se adueñó del predio. La abogada resaltó cómo la comunidad de campesinos pidió al INCODER que se realizara un proceso de extinción de dominio, petición que se vio afectada por la venta que hizo del predio Escobar a Aportes San Isidro S.A. y C.I. Tequendama, empresas que emprendieron acciones de desalojo a la población. Desde entonces se han llevado a cabo varias diligencias judiciales hasta que la Corte Constitucional emitió la sentencia T-267 del 28 de abril de 2011 que reconoce como poseedores de Las Pavas a los campesinos. Este caso del Magdalena Medio, de acuerdo con Estrada, demuestra la demora de los procesos jurídicos y la falta de garantías y objetividad en la investigación por el que pasan los campesinos en el proceso de restitución de tierras.

A continuación, el economista Jorge Iván Gonzalez hizo una interpretación de cada una de las presentaciones de las regiones y exhortó a los Observatorios a realizar propuestas concretas al gobierno, teniendo en cuenta que el Ministerio de Agricultura está a la expectativa de recibir alternativas que ayuden a solucionar la problemática de tierras, regalías y desarrollo local. Igualmente enfatizó en el enorme poder que tiene el suelo: “la tierra vale más que oro” y resaltó que el futuro de las finanzas municipales se encuentra en el territorio, a través de la actualización de  impuestos como el predial y catastro.

Por último Juliana García, directora de Justicia, Seguridad y Gobierno del Departamento Nacional de Planeación (DNP), fue la vocera de las acciones que está emprendiendo el gobierno, particularmente el DNP, en cuanto a tierras, seguridad y desarrollo. García explicó cómo una de las grandes apuestas del DNP consiste en recibir retroalimentación de la sociedad civil y organizaciones no gubernamentales a través de la ejecución de mesas de trabajo regionales en las que se discuten las políticas que están próximas a ser implementadas. Otra de las medidas consiste en contribuir al fortalecimiento institucional de las entidades territoriales con el fin de mejorar su gobernabilidad y trabajo conjunto con el gobierno.

Espere las memorias del Foro Nacional Tierras, Seguridad y Desarrollo.