¡Paz! ¡Paz! ¡Y no había paz!

Alejandro Angulo, director del Banco de datos de Derechos Humanos del CINEP/PPP, hace un análisis del Encuentro Nacional por la Tierra y la Paz. El diálogo es la ruta, realizado entre el 12 y 14 de agosto.

Ese grito se está oyendo hace más de tres mil años: miren la Biblia. Pero entre el 12 y el 14 de agosto pasados, ese mismo grito resonó contra las chimeneas de la refinería del puerto petrolero de Barrancabermeja, esparciendo sobre el río Magdalena semillas de una esperanza que tiene visos de poder brotar en Colombia, por una sencilla razón: se lograron poner de acuerdo unas 15.000 personas de todos los colores, olores y sabores. ¡Y no rompieron ni un vidrio! Tal vez por eso los medios de comunicación silenciaron el gran acontecimiento.

El primer logro de tan masivo encuentro fue que ninguno de los asistentes pudo apropiárselo para legitimar sus intereses creados, pese a que algunos lo intentaron: ni las FARC, ni el ELN, ni los Rastrojos, ni las Aguilas Negras, ni el Gobernador de Santander, ni el Alcalde de Barrancabermeja, ni el Obispo de la Diócesis, ni la USO y ni siquiera los campesinos del Valle del Cimitarra que orquestaron la convocatoria como secuela de su bien merecido premio de paz. ¿Cómo se pudo obtener este resultado? Gracias a la conciencia política de los grandes movimientos de hombres y mujeres que se han dado cuenta de que la guerra no resuelve los problemas sino que los agranda. Mención de honor para el Movimiento Indígena que supo mantener intacto el principio antihegemónico, dando así una lección a los mestizos y blanquitos que politiquean en este país, como buitres que revolotean en torno al cadáver del patrimonio público nacional.

En segundo lugar se logró un diagnóstico rápido pero certero de los males del país y una fórmula inequívoca de solución: todos los males de Colombia se reducen a la continua violación de los derechos humanos en nombre de “un modelo económico que favorece a las empresas transnacionales y los grupos económicos, acentúa los conflictos por la tierra y la lucha por el territorio, estimula nuevos procesos de expropiación, despojo y desplazamiento forzado, deteriora radicalmente los procesos sociales y compromete nuestras condiciones de soberanía y seguridad alimentaria. Este modelo económico destruye las comunidades indígenas y afrodescendientes”. Y para completar este diagnóstico sigue una propuesta concreta de ser precavidos con la ley de tierras y la de víctimas, que se fusionaron en una sola, las cuales encierran muchas trampas. Por su parte, el encuentro ofrece una alternativa de Ley de Reforma Agraria Integral. Este nombre, como es bien sabido, desencadena los demonios de la codicia y de la venganza entre los colombianos. Y, con todo, no hay ninguna otra fórmula que pueda conquistar la paz en nuestro país. Tal vez también por eso los medios de comunicación silenciaron el gran acontecimiento.

No menos penetrante es el señalamiento que hicieron de que la guerra es un negocio. Dicho párrafo tiene mucha enjundia porque desenmascara el servomecanismo de la violencia. No tenemos paz porque hay un gran número de conciudadanos que viven de asesinar y robar. Dos trabajos que suponen la violencia. El crecimiento desbocado de los servicios de seguridad, incluidos el Ejército Nacional y la Policía, es la prueba incontrovertible de que ese negocio rinde. Crea empleo y produce ganancias ordinarias y ocasionales muy considerables. Y es un negocio que como todos los grandes negocios rápidos destruye las conciencias de los humanos. La prueba irrefutable de este efecto inmoral son las masacres y los desplazamientos, sobre los cuales se construyen la agroindustria y la minería, al tiempo que los ‘falsos positivos’ y la justicia injusta. Tampoco hay que subestimar la irresponsabilidad del sistema financiero con sus mortíferas armas de papel y de plástico.
Las 15.000 o más personas que se reunieron en Barranca el mes pasado llegaron a estas conclusiones claras y distintas, en un diálogo leal y respetuoso. Se podría pensar que esta es la semilla de una masa crítica de ciudadanos de papel que podremos convertirnos en ciudadanos de derecho pleno, mediante la solidaridad con todos los habitantes de Colombia y con el compromiso inquebrantable de defender nuestros derechos y de cumplir nuestros deberes.

Alejandro Angulo S.J.